Con el fin de evitar que la administración del presidente Donald Trump politice la redistribución de escaños electorales al dejar a miles de personas fuera del conteo del Censo, el Condado de El Paso se unió a una larga lista de estados, ciudades y condados del país en una demanda colectiva para luchar contra dicha intención, así lo dio a conocer el comisionado del Condado por el Precinto 2, David Stout.
Según Stout la intención de Trump es dejar fuera del conteo a millones de personas y eso impactaría la elección de miembros en la Cámara de Representantes que se atribuyen en cada estado.
“La demanda busca evitar que la administración Trump politice el censo y viole los dictámenes constitucionales básicos… y en su lugar tiene como objetivo garantizar que la administración cuente el ‘número total de personas’ que residen en el país para el reparto equitativo, como lo exige inequívocamente la Constitución de los Estados Unidos”, señala la demanda presentada el viernes 24 de julio por la coalición de estados, ciudades y condados del país.
A este esfuerzo se ha unido el Condado de El Paso, que ha seguido el proceso de este memorando emitido en la víspera por la administración federal.
“El Condado de El Paso, conjuntamente con el Estado de Nueva York y varios otros estados, ciudades y condados, ha presentado una demanda contra la administración Trump en respuesta al memorando ejecutivo emitido por el presidente, que prohíbe a los inmigrantes indocumentados ser contados para la distribución de representación en el Congreso”, informó Stout.
El comisionado agregó que “este intento racista de disuadir a los inmigrantes y las personas de color de participar en el Censo 2020 y tratar de silenciar las voces de millones de latinos es inconstitucional, ya que viola las reglas de distribución de la Enmienda 14, así como la Cláusula de Igualdad de Protección”, informó Stout sobre la medida.
El recurso legal fue promovido la tarde del viernes 24 por Letitia James, fiscal de Distrito de Nueva York, que se unió en la demanda a sus pares de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.
Asimismo se unieron las ciudades de Central Falls, Rhode Island; Chicago, Illinois; Columbus, Ohio; New York, New York; Filadelfia, Pennsylvania; Phoenix, Arizona; Pittsburgh, Pennsylvania; Providence, Rhode Island y Seattle, Washington.
Así como la Ciudad y Condado de San Francisco, California; y los condados texanos de Cameron, El Paso e Hidalgo, junto al Condado de Monterey en California.
“Debemos evitar que la administración Trump obstaculice aún más el progreso de nuestra comunidad. El Condado de El Paso también demandó a Trump por poner una pregunta de ciudadanía en el cuestionario del Censo 2020, y por suerte sus esfuerzos no fueron exitosos. Sin embargo, como argumentamos en ese caso, el daño ya estaba hecho”, agregó el comisionado Stout sobre el proceder de la administración Trump sobre temas migratorios.
“Trump no parece sentir que fue suficiente. No sólo quería evitar que nuestra comunidad hispana mayoritaria recibiera su parte justa de fondos federales para cosas como carreteras, escuelas, atención médica y alimentos, ahora quiere disminuir aún más nuestra voz cuando se trata de nuestra representación en el Congreso”, señaló Stout.
La demanda conjunta apunta a las acciones del Ejecutivo en pos de minar las consideraciones que se deben a todos los habitantes del país, que de forma constante tienen el sesgo contra los migrantes indocumentados.
“La proclamación del presidente Trump es la más reciente en una larga lista de acciones y declaraciones antiinmigrantes que ha hecho desde el comienzo de su primera campaña”, dijo por su parte la procuradora James, quien también apuntó al año electoral y sus efectos respecto a la medida orquestada por la administración federal.
En la explicación de la demanda, la procuradora James sostuvo que las intenciones de la administración Trump tienen como fin el crear un impacto de cara a las elecciones generales de noviembre, donde entre otros puestos públicos se elegirá al presidente 46 de los Estados Unidos.
“Es otra táctica del año electoral para encender a su base deshumanizando a los inmigrantes y usándolos como chivos expiatorios por sus fracasos como líder”, dijo la fiscal James.
“Nadie deja de ser una persona porque carece de documentación, por eso presentamos esta demanda. En lugar de generar miedo, ahora es el momento de participar en una sólida campaña de educación y divulgación para garantizar que cada persona en este país sea contada. Vencimos al presidente antes en la Corte, y lo venceremos nuevamente”, afirmó la procuradora, que en el pasado promovió y emplazó una demanda para evitar que se cuestionara el estatus legal de aquellos que contesten el censo general de población.
Esta demanda surgió como respuesta al memorando girado por Trump el pasado martes 21 de julio de 2020, donde declaró su intención de excluir a los inmigrantes indocumentados de la base de distribución: la primera vez que se toman tales medidas en la historia de nuestra nación, y que ha sido rechazada por los gobiernos de estados, ciudades y condados a los que se une de nuevo esta comunidad.
“Yo estaba orgulloso de nuestro Condado por liderar la lucha en la primera demanda y estoy igualmente orgulloso de que podamos hacer lo mismo para proteger lo que es legítimo y constitucionalmente nuestro con la demanda actual”, concluyó Stout.
